La Asociación Española de Promotores pide que se aborde el déficit de vivienda
La patronal APCEspaña (Asociación de Promotores y Constructores de España) pide a PP y PSOE la creación de un pacto público por la vivienda y el urbanismo para mejorar el acceso a la vivienda de quienes la necesitan. El comunicado de la asociación señaló que existe un "déficit estructural" en el que el número de viviendas excede el número de unidades de vivienda asequible. La Asociación lamenta que, a pesar de la existencia de un grave problema, las iniciativas gubernamentales no aborden su origen y no proporcionen el aumento necesario de viviendas asequibles.
La respuesta de APCEspaña llega tras la presentación por parte de Pedro Sánchez de un paquete de 12 medidas, entre las que se encuentran la cesión de viviendas y suelos a una nueva empresa pública de vivienda, ventajas fiscales para los inquilinos y restricciones a las compras por parte de no residentes. La asociación critica las medidas que restringen las compras por parte de ciudadanos no pertenecientes a la UE, argumentando que tales restricciones no abordan el problema de la asequibilidad sino que apoyan la economía y el empleo en regiones con mercados de turismo residencial desarrollados.
El presidente de APCEspaña, Javier Vilajoana, destaca que para lograr medidas efectivas es necesario centrarse en acelerar el proceso de desarrollo y garantizar la seguridad jurídica. Señala el problema de los largos plazos de aprobación de los planes urbanísticos, que paralizan la construcción y empeoran la situación de la vivienda en España. El Ministerio de Vivienda estudia una ley de tierras que agilizaría estos procesos, pero el Partido Popular se niega a apoyarla.
La asociación propone una serie de medidas específicas, entre ellas, reconocer algunas obras urbanas como de emergencia y apoyar nuevos desarrollos sostenibles. Los desarrolladores también abogan por incentivos para la construcción de viviendas protegidas como una forma de lograr asequibilidad, sostenibilidad y flexibilidad. Presionan para que se reduzca el IVA sobre las viviendas tuteladas al 4% o se elimine para aliviar la carga financiera de las familias y los jóvenes, y para que se exima completamente el IVA de las viviendas tuteladas de alquiler.